La Justicia del Bulldozer: Cómo India Demolió Hogares de Activistas Musulmanes Tras Protestas Religiosas

Jul 14, 2025
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La Justicia del Bulldozer: Cómo India Demolió Hogares de Activistas Musulmanes Tras Protestas Religiosas

La Chispa que Encendió las Tensiones Religiosas

¿Sabían ustedes que un simple comentario televisivo puede desatar una crisis nacional? La controversia comenzó cuando Nupur Sharma, portavoz del Bharatiya Janata Party (BJP), hizo comentarios despectivos sobre el Profeta Mahoma durante un debate televisivo en mayo de 2022. Sus declaraciones, que hacían referencia a relatos históricos sobre la edad de Aisha cuando se casó con el Profeta, provocaron una ola de protestas masivas en toda India y condenas internacionales de países árabes. El partido gobernante se vio obligado a suspender a la portavoz y emitir disculpas públicas, pero el daño ya estaba hecho.

Las comunidades musulmanas de todo el país salieron a las calles en protesta, con manifestaciones que se tornaron violentas en varios estados, incluyendo Uttar Pradesh, Bengala Occidental y Jharkhand. El incidente expuso las profundas divisiones religiosas en la sociedad india y proporcionó un pretexto para las acciones gubernamentales posteriores contra los activistas musulmanes. Lo que comenzó como una vergüenza diplomática para el partido de Modi se escaló rápidamente hacia una represión sistemática contra los manifestantes musulmanes, con las autoridades utilizando los disturbios como justificación para medidas de represalia severas.

Prayagraj: Del Legado Mogol al Nacionalismo Hindú

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El cambio de nombre de Allahabad a Prayagraj en 2018 simbolizó la agenda nacionalista hindú más amplia del BJP bajo el Ministro Principal Yogi Adityanath. La ciudad histórica, originalmente nombrada durante el Imperio Mogol, fue rebautizada con su nombre sánscrito como parte de lo que los líderes del BJP llamaron corregir el error de Akbar. Esta transformación reflejó el borrado sistemático del patrimonio musulmán de los espacios públicos indios, con el gobierno de Adityanath persiguiendo una agenda Hindutva agresiva en el estado con una población de 240 millones.

El cambio de nombre no fue meramente simbólico, sino que representó un cambio fundamental en cómo el estado veía a su minoría musulmana. Bajo Adityanath, un sacerdote hindú de línea dura convertido en político, Uttar Pradesh se convirtió en un laboratorio para las políticas nacionalistas hindúes. Las acciones del gobierno estatal consistentemente apuntaron a las comunidades musulmanas, desde leyes anti-conversión hasta la demolición de estructuras supuestamente ilegales. El cambio de nombre de Prayagraj sirvió como precursor de medidas más agresivas, señalando tanto a partidarios como a críticos que el gobierno estaba comprometido a remodelar la identidad secular de India hacia una rashtra hindú.

La Política del Bulldozer en Uttar Pradesh

El Ministro Principal Yogi Adityanath se ganó el apodo de Bulldozer Baba por el uso agresivo de demoliciones de su administración como forma de castigo extrajudicial. La práctica de usar bulldozers para demoler propiedades de individuos acusados, particularmente musulmanes, se convirtió en un sello distintivo de su estilo de gobierno. Siguiendo las protestas por los comentarios sobre el Profeta Mahoma, el gobierno de UP identificó aproximadamente 40 líderes de protesta y sistemáticamente demolió sus hogares bajo el pretexto de construcción ilegal.

Esta justicia del bulldozer representó una nueva forma de castigo colectivo que evitó el debido proceso y las protecciones constitucionales. Las demoliciones no fueron actos aleatorios sino operaciones cuidadosamente orquestadas diseñadas para enviar un mensaje a la comunidad musulmana sobre las consecuencias de la disidencia. Amnistía Internacional documentó cómo las localidades de concentración musulmana fueron específicamente atacadas mientras que las propiedades cercanas de propiedad hindú permanecieron intactas. La práctica ganó tal notoriedad que los medios indios comenzaron a referirse a ella como justicia del bulldozer, con algunos medios incluso elogiándola como un modelo efectivo de gobierno.

El Calvario de Javed Mohammad y Afreen Fatima

El caso de Javed Mohammad, un activista de 57 años del Partido del Bienestar de India, ejemplifica la naturaleza arbitraria de la represión. La policía llegó a su hogar sin una orden judicial y lo detuvo junto con su esposa Parveen Fatima (52) y su hija Sumaiya. Su hija Afreen Fatima posteriormente le dijo a Al Jazeera que su padre fue llevado bajo custodia sin procedimientos legales apropiados, con las autoridades negándose a revelar su paradero.

La familia había estado pagando impuestos de propiedad durante más de 20 años, desde la generación de sus abuelos, haciendo que las afirmaciones de construcción ilegal fueran demostrablemente falsas. El aviso de demolición fue publicado por la noche en una propiedad registrada a nombre de su madre pero con el nombre de su padre, y la casa fue demolida a la mañana siguiente. Esta cronología apresurada expuso la naturaleza premeditada de la acción y las justificaciones legales fabricadas. El testimonio de Afreen Fatima reveló la naturaleza sistemática del acoso, con la policía regresando múltiples veces para detener a miembros de la familia, incluyendo a su madre diabética quien fue retenida por más de 30 horas sin atención médica adecuada.

Desafíos Legales e Intervención de la Corte Suprema

Las familias afectadas no han permanecido en silencio ante estas injusticias. La familia de Javed Mohammad presentó una demanda en tribunales locales buscando 100 millones de rupias (aproximadamente 1.6 mil millones de wones coreanos) en daños por la demolición ilegal. Su caso es parte de un patrón más amplio de desafíos legales a la política del bulldozer practicada por varios estados gobernados por el BJP.

La Corte Suprema de India ha criticado repetidamente estas demoliciones, con un fallo histórico en abril de 2025 llamando a las demoliciones de Prayagraj inhumanas e ilegales. El tribunal ordenó a la Autoridad de Desarrollo de Prayagraj pagar 1 millón de rupias de compensación a cada propietario afectado, reconociendo la violación de los derechos constitucionales al refugio y al debido proceso. El Juez Ujjal Bhuyan notó que un video mostrando a una niña pequeña huyendo con sus libros mientras los bulldozers demolían su hogar había conmocionado a todos. La intervención de la Corte Suprema destacó la naturaleza sistemática de estas violaciones y la necesidad de responsabilidad.

El Patrón Más Amplio de Discriminación Anti-Musulmana

Las demoliciones de Prayagraj son parte de una campaña más amplia de discriminación contra la minoría musulmana de India bajo el gobierno de Modi. Acciones similares de bulldozer han sido documentadas en múltiples estados gobernados por el BJP, con más de 7,000 hogares musulmanes demolidos solo en Gujarat. El patrón se extiende más allá de las demoliciones para incluir arrestos masivos, con miles de musulmanes detenidos siguiendo varios incidentes.

La Ley de Enmienda Waqf de 2025 ejemplifica aún más este targeting sistemático, con el gobierno buscando colocar las propiedades religiosas musulmanas bajo control estatal. Las protestas contra la Ley Waqf estallaron en toda India en abril de 2025, con manifestaciones en Mumbai, Kolkata, Patna y otras ciudades principales. La legislación representa otro frente en lo que los críticos describen como la campaña del BJP para marginar a las comunidades musulmanas y borrar su autonomía institucional. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado este patrón de discriminación, con Amnistía Internacional pidiendo protección inmediata de los derechos musulmanes.

Escrutinio Internacional y Respuesta Comunitaria

El targeting sistemático de musulmanes en India ha atraído atención y condena internacional. La cobertura de Al Jazeera de casos como el de Afreen Fatima ha traído escrutinio global a la política del bulldozer de India, exponiendo la naturaleza arbitraria de estas acciones a audiencias internacionales. Las demoliciones han creado un clima de miedo dentro de las comunidades musulmanas, con muchas familias viviendo en ansiedad constante sobre la posible represalia gubernamental por cualquier forma de disidencia.

Los líderes comunitarios reportan que el impacto psicológico se extiende mucho más allá de las víctimas inmediatas, creando un efecto escalofriante en la participación política musulmana y el compromiso de la sociedad civil. La pérdida de hogares y negocios ha creado dificultades económicas a largo plazo para las familias afectadas, con muchas luchando por reconstruir sus vidas después de perder todo. A pesar del costo financiero y emocional, las víctimas continúan persiguiendo remedios legales, aunque el ritmo lento de la justicia y la impunidad continua para los perpetradores ha erosionado la fe en las protecciones institucionales.

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