El oscuro legado de MONUSCO: Cascos azules acusados de abandonar mujeres tras explotación sexual en Congo

Las víctimas silenciosas del mantenimiento de la paz

En el calor sofocante de Birere, un asentamiento informal en Goma, este de Congo, Dmitri de 12 años se esconde dentro de la precaria choza de hojalata de su madre. Su herencia mixta - cabello rizado y piel clara - lo convierte en blanco de burlas de otros niños. Su madre, Kamate Bibiche, guarda cuidadosamente una caja polvorienta escondida bajo su cama, conteniendo los únicos recuerdos de Yuri, un soldado de paz ruso de la ONU que según ella es el padre de su hijo antes de desaparecer sin dejar rastro. Esta historia desgarradora ejemplifica un patrón perturbador que ha plagado la Misión de Estabilización de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) durante más de dos décadas. Desde su despliegue en 1999, MONUSCO ha enfrentado acusaciones generalizadas de explotación y abuso sexual que involucran a mujeres y niñas. La misión, originalmente destinada a proteger a los civiles y estabilizar la región, se ha convertido en sinónimo de abandono y traición para cientos de mujeres vulnerables.

La magnitud de la explotación sexual en MONUSCO

Los informes recientes pintan un panorama devastador de la mala conducta sexual dentro de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Según un informe de la ONU de marzo de 2024, las denuncias de abuso y explotación sexual vinculadas a las misiones de mantenimiento de la paz alcanzaron los 100 casos en 2023, un aumento desde los 79 de 2022. MONUSCO, junto con su predecesora MONUC, representó la asombrosa cifra de 66 de estas 100 denuncias, destacando serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas dentro de la misión. Las víctimas incluyeron 143 personas - 115 adultos y 28 niños - con 65 casos que involucran mujeres que quedaron embarazadas después de presunta violación y ahora buscan manutención infantil. Estos números representan solo casos reportados, sugiriendo que el alcance real del abuso puede ser mucho mayor. El refugio Congo Family for Joy por sí solo alberga al menos cinco niños que fueron engendrados por tropas de MONUSCO y posteriormente abandonados por sus madres debido al estigma social. Nelly Kyeya, directora del centro, revela que su organización apoya aproximadamente a 200 mujeres y niñas que han sufrido explotación sexual por parte del personal de MONUSCO.

Historias de abandono y traición

La historia de María Masika refleja la de incontables otras mujeres en el este de Congo. A los 17 años, entró en una relación con un soldado de paz sudafricano estacionado cerca de la base de Minuggi. El soldado sabía que ella era menor de edad pero continuó la relación, proporcionándole vivienda cerca de la base y visitándola regularmente después de las horas de servicio. Cuando nació su hija Queen, el soldado de paz desapareció, dejando a Masika para criar a la niña sola. Desesperada por proveer para su hija, Masika ahora arriesga su vida trabajando como trabajadora sexual en Sake. La Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica reconoció estas alegaciones seriamente, declarando que se realizan juicios militares in situ cuando se encuentra evidencia creíble de explotación. Sin embargo, el daño a víctimas como Masika y sus hijos permanece irreversible. Muchas mujeres enfrentan severo estigma de sus comunidades por recurrir al trabajo sexual de supervivencia, a menudo llevándolas a abandonar a sus hijos. La situación se ha intensificado con la reciente escalada del conflicto en la región, con informes de la ONU que documentan un aumento alarmante de 572 casos de violación registrados en solo una semana entre enero y febrero de 2025, con casi un tercio de las víctimas siendo niños.

Fallas sistémicas y falta de responsabilidad

La respuesta de la ONU a estas alegaciones revela fallas fundamentales en el sistema de mantenimiento de la paz. A pesar de tener una política de tolerancia cero para la explotación y abuso sexual, muchos perpetradores escapan del castigo debido a complejidades jurisdiccionales. Sandrine Lusamaba, coordinadora nacional de Sofepadi, una organización de derechos de las mujeres en la RDC, explica que la ONU carece de autoridad directa para procesar a los culpables de explotación sexual, permitiendo que muchos infractores queden impunes. Muchos Estados miembros se niegan a cooperar en el procesamiento de sus soldados, creando una cultura de impunidad. Cuando las alegaciones se corroboran, el personal típicamente es marcado en el sistema de la ONU y se le prohíbe el despliegue futuro, pero esta acción administrativa queda corta de la justicia criminal. El Fondo Fiduciario en Apoyo a las Víctimas proporciona alguna asistencia, pero muchas víctimas como Kamate y Masika permanecen ajenas a los sistemas de apoyo disponibles. El problema se ha intensificado en 2025, con informes que muestran que hasta 700 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual en el último año en el contexto de los conflictos armados en la RDC.

El contexto más amplio de la crisis congoleña

La crisis de explotación sexual ocurre en el contexto del conflicto en curso y el desastre humanitario del Congo. El este de Congo ha sido plagado por décadas de combates entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes por el control de la región rica en minerales. En enero de 2025, el área de Goma cayó a los rebeldes M23 respaldados por Ruanda, con aproximadamente 7,000 personas muertas durante la captura de la ciudad. La ONU estima que más de 8 millones de personas están actualmente desplazadas, convirtiéndolo en una de las crisis de desplazamiento interno más grandes del mundo. Muchos residentes sufren de pobreza extrema, careciendo de necesidades básicas como comida, agua y refugio, haciendo a las mujeres y niñas particularmente vulnerables a la explotación. La terrible situación humanitaria crea condiciones donde mujeres desesperadas pueden entrar en relaciones con soldados de paz a cambio de necesidades básicas, resaltando el desequilibrio de poder inherente que hace tales relaciones intrínsecamente explotadoras. El Parlamento Europeo ha expresado su consternación por el uso escandaloso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como herramienta de represión y arma de guerra en el este de la RDC.

Reacciones comunitarias y llamados a la justicia

Las comunidades locales han expresado creciente ira y frustración con las fallas de MONUSCO. Las protestas anti-MONUSCO estallaron en 2022, con manifestantes exigiendo la partida de la misión debido a su incapacidad para proteger a los civiles y las alegaciones de mala conducta. Las protestas se tornaron violentas, resultando en múltiples muertes e heridos, incluyendo soldados de paz y civiles. Los manifestantes saquearon instalaciones de la ONU y forzaron evacuaciones, reflejando resentimiento profundamente arraigado hacia la misión. Activistas de la sociedad civil argumentan que la presencia de MONUSCO ha hecho que el pueblo congoleño se vuelva complaciente sobre resolver sus propios problemas de seguridad. El gobierno de la RDC ha pedido una partida acelerada de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, acusándolas de fallar en terminar la violencia durante su presencia de 25 años. En las redes sociales y foros comunitarios, los comentarios reflejan una mezcla de indignación y desesperanza, con usuarios expresando que los soldados de paz supuestamente protectores se han convertido en nuevos perpetradores de violencia contra las mujeres más vulnerables de la región.

El camino hacia adelante: reforma y responsabilidad

A pesar de la evidencia abrumadora de fallas sistémicas, ha habido algunos esfuerzos de reforma. MONUSCO ha implementado medidas preventivas mejoradas, incluyendo equipos de evaluación de riesgos y programas de entrenamiento mejorados. La misión también ha establecido mecanismos de apoyo a víctimas y cooperación con organizaciones locales para proporcionar servicios médicos, psicosociales y de protección. Sin embargo, estas medidas han demostrado ser insuficientes para abordar las causas raíz de la explotación y abuso sexual. La comunidad internacional debe exigir mecanismos de responsabilidad más fuertes, incluyendo procesamiento obligatorio de infractores por sus países de origen y compensación adecuada para las víctimas. La política de tolerancia cero del Secretario General de la ONU necesita mecanismos de aplicación con consecuencias reales, no solo acciones administrativas. La ONU ha reconocido que el problema va más allá de casos individuales, con el alto comisionado de derechos humanos Volker Türk insistiendo en la necesidad de entender los vínculos políticos y económicos globales del conflicto. Hasta que se implementen reformas sistémicas y los perpetradores enfrenten consecuencias genuinas, el ciclo de explotación y abandono continuará, dejando a más mujeres y niños como Kamate, Dmitri, Masika y Queen para sufrir las consecuencias de un sistema roto diseñado para protegerlos.